Ricardo Astudillo impulsa iniciativa para reducir el desperdicio de alimentos en México
El legislador propone una Ley Nacional para mitigar el impacto social y ambiental que genera el desecho de comida en el país.
El diputado Ricardo Astudillo presentó formalmente una propuesta para la creación de una Ley Nacional enfocada en el aprovechamiento integral de alimentos. Esta iniciativa busca combatir el desperdicio sistemático que ocurre en las cadenas de distribución, considerándolo un problema que afecta la economía familiar, la sostenibilidad ambiental y la justicia social en México.
La propuesta plantea que tirar alimentos en condiciones óptimas para el consumo humano representa una falla estructural en el sistema de abasto nacional. Según los argumentos expuestos por el equipo del legislador, esta problemática no solo desaprovecha recursos naturales utilizados en la producción agrícola, sino que también agrava la inseguridad alimentaria que enfrentan diversos sectores vulnerables en la población mexicana.
Dentro de los puntos clave de la iniciativa, se contempla fomentar la colaboración entre el sector privado, las centrales de abasto y los bancos de alimentos certificados. El objetivo es crear un marco legal que facilite la donación segura de productos perecederos, garantizando que estos lleguen a quienes más lo necesitan en lugar de terminar en los rellenos sanitarios de los municipios.
Desde una perspectiva ambiental, la propuesta enfatiza que la descomposición de materia orgánica en sitios de disposición final contribuye significativamente a la emisión de gases de efecto invernadero. Al reducir la cantidad de comida desperdiciada, la iniciativa pretende alinear las prácticas de consumo nacionales con los compromisos de sostenibilidad impulsados por la SEMARNAT y otros organismos internacionales.
Finalmente, el proyecto legislativo busca establecer mecanismos de incentivos para las empresas que implementen políticas de reducción de mermas. La discusión en la Cámara de Diputados se centrará en los próximos meses en evaluar el impacto presupuestario y operativo que esta ley tendría a nivel federal, esperando que el debate sensibilice sobre la responsabilidad compartida entre productores y consumidores.
