Presupuesto para atención del cáncer en México registra disminución ante mayores necesidades

El presupuesto destinado a la atención del cáncer en México enfrenta una contracción presupuestaria en un contexto donde la incidencia de casos oncológicos mantiene una tendencia al alza. De acuerdo con análisis recientes del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la asignación de recursos para combatir estas enfermedades no ha correspondido al incremento en la demanda de servicios médicos en las diversas instituciones del sector salud, incluyendo el modelo IMSS-Bienestar.

Esta situación se agrava por una creciente opacidad en la rendición de cuentas sobre el ejercicio del gasto. Desde 2024, el reporte detallado de datos desagregados sobre los servicios oncológicos ha dejado de publicarse con la regularidad necesaria para evaluar el impacto real de las políticas públicas. La falta de transparencia impide conocer con precisión cómo se distribuyen los insumos, medicamentos y terapias especializadas en los hospitales del país.

Especialistas señalan que la falta de información clara obstaculiza el diseño de estrategias efectivas para atender a pacientes que dependen del sistema público. Sin datos precisos sobre la ejecución presupuestaria y la cobertura real, las instituciones enfrentan mayores dificultades para gestionar la compra de fármacos oncológicos y asegurar el mantenimiento de equipos de radioterapia, servicios que son vitales para la supervivencia de los pacientes.

Ante este panorama, diversas organizaciones de la sociedad civil han solicitado a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una mayor apertura en la rendición de cuentas. La propuesta central de estos grupos es la creación de un sistema de seguimiento presupuestario que permita identificar las brechas en la atención y corregir las deficiencias en la distribución de recursos a nivel federal y estatal.

El desafío para el sistema de salud mexicano reside en equilibrar la austeridad fiscal con el derecho constitucional a la salud, garantizando que el tratamiento contra el cáncer no se vea comprometido por recortes operativos. Mientras tanto, los pacientes y sus familias continúan enfrentando incertidumbre ante la falta de claridad sobre la disponibilidad de tratamientos necesarios en las unidades médicas del país.