Canadá mantiene exclusión de enfermedades mentales para el suicidio asistido
El gobierno canadiense ratificó que las enfermedades mentales no serán criterio suficiente para acceder a la muerte asistida, priorizando la protección de pacientes vulnerables.

El gobierno de Canadá anunció este jueves que mantendrá la restricción vigente que impide acceder al suicidio médicamente asistido a personas cuya única condición sea un padecimiento de salud mental. Esta decisión oficial reafirma la postura de las autoridades federales de priorizar salvaguardas legales que eviten que pacientes con diagnósticos psiquiátricos accedan al procedimiento sin cumplir con criterios de enfermedades físicas terminales o irreversibles.
La medida responde a intensos debates en el ámbito de la salud pública y la ética médica dentro de la nación norteamericana. Los organismos reguladores han enfatizado que la complejidad en el diagnóstico de enfermedades mentales requiere una prudencia mayor, argumentando que no existe un consenso clínico sólido sobre la irreversibilidad de ciertos cuadros psiquiátricos, lo que obliga a las autoridades a sostener la exclusión actual para prevenir riesgos de vulnerabilidad en los pacientes.
Desde la perspectiva de los especialistas en bioética, esta determinación representa un freno a la expansión de los criterios de elegibilidad que se habían planteado en años anteriores. La postura del gobierno canadiense se alinea con la necesidad de garantizar que el sistema de salud no sea utilizado como una vía de resolución para crisis de salud mental tratables, manteniendo el enfoque del programa original centrado en el alivio del sufrimiento físico insoportable al final de la vida.
En México, instituciones como la Secretaría de Salud y el Congreso de la Unión observan con atención este precedente internacional. Aunque la legislación mexicana mantiene el suicidio asistido como un tema no contemplado en el marco legal vigente, el debate canadiense resuena en los círculos académicos y médicos del país, donde se analiza la importancia de fortalecer los servicios de salud mental antes de considerar cualquier cambio en la estructura del derecho a la muerte digna.


